El Secretario de Estado de Energía, Joan Groizard, llama a un gran acuerdo político para garantizar la continuidad de las ayudas al vehículo eléctrico en España y subrayó la necesidad de una reforma fiscal que consolide el avance de la electromovilidad.
El mensaje se produjo durante la apertura de la Feria del Vehículo Eléctrico de Madrid (VEM), organizada por AEDIVE en la Plaza Colón, donde el funcionario coloca de relieve que el país se encuentra ante un “proyecto de país” que requiere consensos amplios en el Congreso de los Diputados.
“Necesitamos una amplia mayoría social, empresarial y parlamentaria que permita financiar de manera estable los incentivos a la movilidad eléctrica”, señala Groizard.
El llamado del IDAE llega en un momento crítico para el programa de subvenciones.
Según datos oficiales recogidos por ANFAC esta misma semana, nueve comunidades autónomas ya han agotado sus partidas del Plan Moves III: Andalucía, Aragón, Cantabria, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, Madrid, Navarra y País Vasco. Entre todas ellas concentran el 85% de las ventas de turismos eléctricos en el país.
El Gobierno activó el pasado mes de abril un refuerzo presupuestario de 400 millones de euros para el plan, alcanzando así un volumen total de 1.735 millones de euros.
Sin embargo, la alta demanda ha tensionado la ejecución de los fondos y ha generado incertidumbre en el sector.
Groizard reconoció la situación:
“Los 400 millones de euros adicionales aprobados este año se nos han quedado cortos en la primera mitad de 2025. El sector ya no está en fase de arranque, hablamos de un proceso de maduración que requiere estabilidad a largo plazo”.
Groizard celebra un mercado en crecimiento
El directivo celebra, no obstante, el dinamismo que muestran las matriculaciones. Entre enero y agosto se han vendido 138.256 turismos eléctricos puros e híbridos enchufables, lo que supone un incremento del 98% respecto al mismo periodo de 2024 y una cuota de mercado del 18%.
En vehículos comerciales ligeros también se observa un avance: 10.372 unidades eléctricas, un 119% más que el año pasado, hasta alcanzar un 8,4% de cuota.
En contraste, los industriales pesados apenas suman 305 matriculaciones, pese a crecer un 12%, lo que representa apenas el 1,7% del mercado.
“Estamos viendo la consolidación del sector, pero también sus límites. No podemos depender solo de planes coyunturales. La fiscalidad del vehículo eléctrico es la gran asignatura pendiente en España”, apunta Groizard.
Fiscalidad pendiente, una deuda pendiente
Groizard recuerda que España ocupa los últimos puestos en Europa en fiscalidad sobre combustibles fósiles, lo que penaliza la competitividad del eléctrico frente a las tecnologías tradicionales.
Según subraya, el país es el 20 de 27 en fiscalidad de la gasolina y el 22 de 27 en diésel.
“La pregunta es si somos capaces como país de dar el salto de los esquemas de ayudas a un marco fiscal adecuado que incentive la electromovilidad de manera clara”, plantea.
En este sentido, insiste en que no se trata solo de un tema ambiental, sino de autonomía energética y de competitividad económica:
“Depender de decisiones externas para algo tan básico como la movilidad es un tiro en el pie. Sustituir combustible fósil importado por energía autóctona renovable tiene todo el sentido, aunque no nos importe el medio ambiente.”
Electromovilidad como un proyecto país
Durante su intervención en la VEM, Groizard subraya que la transición hacia la movilidad eléctrica requiere la implicación de todas las administraciones y del conjunto del arco parlamentario.
“Estamos ante un proyecto país con implicaciones económicas, sociales, ambientales y estratégicas. Y sólo podrá sostenerse si contamos con un consenso político amplio que dé seguridad a empresas y ciudadanos”, concluye Groizard.
Con un mercado en plena expansión, pero con los fondos autonómicos del Moves III agotados en buena parte del territorio, la feria madrileña sirve de escenario para recordar que el futuro de la movilidad eléctrica en España dependerá tanto de la innovación tecnológica como de la capacidad política para garantizar su viabilidad a largo plazo.
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