La Ley de Movilidad Sostenible es la clave para el desembolso de 10.000 millones de euros procedentes de los fondos europeos NextGenerationEU y una deuda pendiente desde 2021.
La norma salió adelante este miércoles con 174 votos a favor, 170 en contra y cuatro abstenciones, gracias a un acuerdo de última hora entre el Ejecutivo y Podemos.
La votación reflejó la fragilidad política de la coalición. Las negociaciones se intensificaron en las horas previas para asegurar el apoyo de los diputados de Ione Belarra, que finalmente accedieron tras pactar con el Ministerio de Transportes reforzar los criterios medioambientales en la ampliación del aeropuerto de El Prat.
El ministro Óscar Puente aclaró que el pacto “no altera los plazos previstos en el DORA III”, pero refuerza “los parámetros ambientales de un proyecto que será ejemplo para España y Europa”.
Desde Sumar, Ernest Urtasun calificó los cambios como “marginales”, mientras que Junts insistió en que “los plazos no varían” y que “la decisión sobre El Prat compete a los catalanes”.
La jornada parlamentaria estuvo marcada por giros imprevistos: la ausencia del diputado del PP Guillermo Mariscal y un error en el voto telemático del parlamentario del PNV Mikel Legarda mantuvieron la incertidumbre hasta el final.
Finalmente, el pacto con Podemos allanó el camino. El acuerdo obliga a que cualquier proyecto para El Prat cumpla con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55, que fija una rebaja del 55 % para 2030 y la neutralidad climática para 2050.
Un marco legal para la descarbonización y la digitalización
La norma crea el Sistema General de Movilidad Sostenible, que articulará las políticas nacionales, regionales y locales, y nuevos instrumentos como el Espacio de Datos Integrado de Movilidad, el Foro Territorial de Movilidad Sostenible y el Consejo Superior de Movilidad Sostenible.
El objetivo es consolidar un marco de coordinación y transparencia entre administraciones que facilite la toma de decisiones basada en datos y favorezca la eficiencia del gasto público.
Asimismo, el Documento de Orientaciones para la Movilidad Sostenible servirá de guía para la planificación y gestión del transporte, reforzando la cooperación interadministrativa y la coherencia de las políticas públicas.
El texto refuerza el papel del transporte colectivo mediante la creación del Fondo Estatal de Contribución a la Movilidad Sostenible, destinado a financiar los servicios urbanos de pasajeros.
Las ciudades deberán fomentar la movilidad activa, la intermodalidad y el uso de vehículos cero emisiones, así como regular la introducción de los vehículos automatizados.
En caso de episodios de alta contaminación, las autoridades podrán restringir la circulación o el acceso a determinadas vías por motivos medioambientales.
Etiquetas medioambientales y renovables
En el plazo de doce meses desde su entrada en vigor, el Gobierno actualizará las etiquetas ambientales de la DGT, incorporando las emisiones de CO₂ como nuevo criterio de clasificación.
También deberá presentar disposiciones para incrementar la proporción de energías renovables en el transporte y reducir su intensidad contaminante.
Una ley que reconoce el derecho a la movilidad sostenible
Más allá de las tensiones políticas, la nueva ley representa un hito normativo: por primera vez, se reconoce el derecho de las personas a una movilidad sostenible, enmarcado en una futura Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte.
El texto establece que las empresas con más de 200 trabajadores —o 100 en turnos— deberán implantar planes de movilidad sostenible y disponer de puntos de recarga eléctrica en sus instalaciones.
Los grandes centros de actividad (como polígonos industriales) deberán aprobar planes similares y revisarlos cada cinco años, mientras que los municipios de entre 20.000 y 50.000 habitantes tendrán seis años para dotarse de uno.
Según Transport & Environment (T&E), esta ampliación es “positiva pero insuficiente”, ya que casi el 60 % de los desplazamientos laborales se realizan en coche privado y el país cuenta con 2,9 millones de pymes que quedan fuera del alcance de la medida.
Aun así, la organización celebra la norma como una “oportunidad real para reducir las emisiones del transporte”, mejorar la salud pública y avanzar hacia la neutralidad climática de 2050.
El sector automotor celebra el nuevo plan
Además, el Gobierno deberá aprobar en un plazo máximo de tres meses un Plan Nacional de Renovación del Parque Automovilístico, un punto que ha sido celebrado por las principales asociaciones del sector.
Faconauto ha valorado positivamente la inclusión de este plan en la LMS, considerándolo un “punto de inflexión” en la política de movilidad española.
La patronal de concesionarios destaca que la renovación del parque es una herramienta “estructural” para reducir emisiones, reforzar la seguridad vial y dinamizar la industria, y que complementa los planes de electrificación con una visión “realista, inclusiva y tecnológicamente neutra”.
En su comunicado, la organización recordó su experiencia en la gestión de incentivos como el programa Reinicia Auto+ y reiteró su disposición a colaborar con el Gobierno para garantizar una implementación ágil y homogénea del nuevo plan.
“Renovar el parque no solo es una medida medioambiental, también social y económica”, subrayan.
Por su parte, la Asociación Nacional de Vendedores y Reparadores de Vehículos (Ganvam) celebró que la ley reconozca la movilidad como derecho social, y pidió diseñar una estrategia de renovación “eficaz y accesible” para todos los niveles de renta.
Su presidente, Javier Barea, recordó que más del 60 % del parque automovilístico español supera los 10 años, y abogó por recuperar el espíritu del Plan Prever, que en su momento permitió achatarrar 3,3 millones de vehículos antiguos.
“Una movilidad verdaderamente sostenible debe ser accesible y asequible para todos los ciudadanos”, señaló Barea, destacando que las políticas de renovación deben garantizar una transición inclusiva hacia la descarbonización.
El reto del transporte de mercancías
En materia logística, el Ministerio de Transportes elaborará un plan de autopistas ferroviarias para impulsar el traslado del transporte de mercancías desde la carretera al tren.
Se prevé un sistema de bonificaciones a los cánones ferroviarios y un programa de apoyo al transporte de mercancías, orientado a mejorar la competitividad, la eficiencia energética y la innovación del sector.
El Ejecutivo deberá aprobar en el plazo de un año los objetivos de reducción de gases de efecto invernadero hasta 2030, además de presentar un estudio sobre la recuperación de los trenes nocturnos y acelerar el despliegue de puntos de recarga eléctrica en carreteras y estaciones de servicio.
Puertos, aeropuertos y limitación de vuelos cortos
Los aeropuertos españoles deberán contar, antes del 31 de diciembre de 2029, con infraestructura eléctrica para alimentar las aeronaves estacionadas.
El Consejo de Ministros aprobará un plan estratégico para la sostenibilidad del transporte aéreo, mientras que los puertos deberán garantizar el suministro eléctrico a buques, maquinaria y flotas terrestres antes de 2030.
Ambos sectores deberán publicar anualmente su huella de carbono y establecer planes de reducción y compensación de emisiones.
Además, se restringirán los vuelos domésticos en rutas donde exista alternativa ferroviaria de menos de dos horas y media, salvo las que conecten con aeropuertos internacionales.
Con esta aprobación, España da un paso decisivo hacia una movilidad más sostenible, digital y eficiente, aunque el debate político ha dejado al descubierto las tensiones que atraviesan la agenda climática del país.
La norma sienta las bases para transformar el transporte, pero su aplicación exigirá coordinación, financiación y consenso real para que la movilidad sostenible deje de ser una promesa y se convierta en derecho tangible.
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