Ley de Movilidad Sostenible en riesgo: entidades alertan que el PP busca “desvirtuar” la norma

Este jueves está previsto que el Pleno del Congreso vote las enmiendas al proyecto de Ley de Movilidad Sostenible aprobadas en el Senado, en el que será el último paso del trámite parlamentario antes de su aprobación definitiva.

La mayoría de los cambios impulsados por el Partido Popular no solo suponen un retroceso en la senda hacia la descarbonización del sector transporte —principal responsable de las emisiones de gases de efecto invernadero en España—, sino que también incorporan asuntos completamente ajenos al objeto de la ley, como el alargamiento de la vida útil del parque nuclear español.

Las organizaciones civiles denuncian el intento del PP de “desvirtuar” el contenido del proyecto aprobado en el Congreso el pasado 8 de octubre, mediante la introducción de enmiendas “intrusas” en la Cámara Alta.

En un comunicado conjunto, las quince entidades —entre ellas Ecologistas en Acción, Greenpeace y la Coordinadora Estatal por la Bicicleta— instan a los grupos parlamentarios a rechazar cualquier modificación que no guarde relación con la ley, y especialmente aquellas que reducen su ambición climática.

“No hay argumentos que justifiquen la aprobación de diversas enmiendas, algunas de ellas contradictorias entre sí, dirigidas a rebajar la ambición climática de la Ley de Movilidad Sostenible”, remarcaron las organizaciones firmantes.

Los cambios más cuestionados en las enmiendas de la Ley

Entre las enmiendas del PP que las entidades consideran más perjudiciales, destacan:

• Eliminación de los objetivos concretos y cuantificables de reducción de emisiones del transporte para 2030 y 2040 respecto a los niveles de 1990 en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC).
• Supresión de la cláusula que establecía que las actualizaciones de esos objetivos solo podrían hacerse “al alza”.
• Introducción de contenidos “retardistas”, como el fomento de los combustibles sintéticos, ecocombustibles, gas natural y biogás para la descarbonización de flotas urbanas.

Las organizaciones advierten que estas medidas implican “un intento del PP de obstruir el avance hacia la total descarbonización del transporte antes de 2050”.

Impacto en movilidad urbana y laboral

Otro de los retrocesos señalados se refiere a la eliminación de la priorización de vehículos cero emisiones o ciclologística en el transporte urbano de mercancías, reemplazando el concepto por uno más ambiguo: “vehículos menos contaminantes”.

Además, se propone elevar el umbral de obligatoriedad de los Planes de Movilidad al Trabajo: las empresas de más de 200 empleados ya no estarían obligadas a aprobarlos, limitando la exigencia a las de más de 500 trabajadores.

Las enmiendas también buscan suprimir la obligación de la DGT de revisar el sistema de distintivos ambientales para alinearlo con las emisiones reales de los vehículos, una medida que, según las entidades, afecta directamente al derecho de los consumidores a recibir información veraz.

Asimismo, se pretende eliminar cualquier iniciativa para reducir los vuelos domésticos y fomentar el uso del ferrocarril como alternativa de transporte de bajas emisiones.

“La mayoría de las enmiendas del PP en el Senado tratan de minimizar los impactos positivos de la ley, que podría y debería haber sido mucho más ambiciosa. Estos retrocesos en la lucha contra el cambio climático no pueden ser aceptados”, añadieron.

Antecedentes: una Ley histórica

La Ley de Movilidad Sostenible superó su fase en el Congreso de los Diputados tras la votación de numerosas enmiendas, de las cuales solo tres o cuatro lograron incorporarse al texto final.

Con esa versión revisada, la norma fue remitida al Senado, donde comenzó una nueva etapa de tramitación.
“Los cambios que se introduzcan allí deberán volver al Congreso y votarse uno a uno”, explicó en su momento Carlos Bravo, Head of Heavy Transport Policy de Transport & Environment (T&E) España.

El experto detalló que el Senado disponía de un máximo de dos meses para completar el proceso, aunque podría hacerlo antes.
“Calculamos que hacia la segunda quincena de diciembre, o muy tarde en enero, el Senado debería enviar el texto al Congreso para su aprobación definitiva. Si todo sigue un curso normal, la ley podría entrar en vigor entre febrero y marzo del próximo año”, afirmó.

Pese a que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en la Cámara Alta, Bravo consideraba improbable que se produjeran alteraciones profundas: “Podrían intentarlo, pero es difícil que prosperen. Lo más habitual es que el Congreso rechace las modificaciones del Senado y el texto se mantenga prácticamente igual”.

Avances logrados en la versión original

En el debate parlamentario previo, uno de los hitos más relevantes fue la eliminación de la referencia al gas natural licuado (GNL) como combustible prioritario para el transporte marítimo, evitando así posibles ayudas estatales a un combustible fósil.

Por primera vez, una norma sectorial en España fijó la obligación legal de alcanzar la neutralidad climática del transporte en 2050, y el PNIEC quedó obligado a incluir objetivos cuantificables de reducción de emisiones para 2030 y 2040, que solo pueden revisarse al alza.

El texto también integró una visión sistémica del transporte, priorizando los modos más eficientes y reduciendo los vuelos domésticos cuando existan alternativas ferroviarias competitivas.

Además, estableció la obligación de que empresas con más de 200 empleados elaboren planes de movilidad al trabajo, ampliando significativamente el alcance de esta medida.

En materia ambiental, se incorporó la revisión de las etiquetas de la DGT para que incluyan las emisiones de CO₂ y se creó un mapa estatal de capacidad eléctrica, destinado a facilitar la planificación de infraestructura de recarga en todo el territorio.

Llamamiento al Congreso

Ante las modificaciones impulsadas por el PP en el Senado, las quince organizaciones de la sociedad civil instan a los grupos parlamentarios a votar en contra de las enmiendas “nocivas” que, a su juicio, desvirtúan el objeto de la norma y obstaculizan el desarrollo de una movilidad sostenible y coherente con los objetivos de descarbonización en España.

La votación final tendrá lugar este jueves 13 de noviembre en el Congreso de los Diputados.

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