España alcanzó los 46.684 puntos de recarga públicos operativos a junio de 2025, según datos de AEDIVE, lo que representa un incremento de cargadores del 2,9 % respecto a diciembre del año anterior.
Aunque el dato parece positivo, el despliegue de esta infraestructura continúa atascado por barreras estructurales: distribuidoras eléctricas que dilatan plazos y ayuntamientos sin capacidades técnicas para responder.
Asimismo, cabe hacer eco en otro dato: aproximadamente 13,792 puntos no están operativos actualmente.
Esto representa una parte significativa de la infraestructura de carga instalada, y la patronal de fabricantes ANFAC señala que estos puntos inactivos son “un obstáculo para la expansión de la movilidad eléctrica”.
Frente a este escenario, las baterías estacionarias se presentan como una alternativa…Pero, ¿cómo?
Las mismas funcionarían como un “salvavidas” para anticipar la puesta en marcha de electrolineras sin necesidad de contar con toda la potencia contratada desde el inicio.
“Las baterías permiten ganar meses, incluso años, en proyectos de recarga”, afirma Jorge Hueso, consultor y ex referente en Acciona Recarga.
Una red que crece, pero con obstáculos
Pese al crecimiento, los desarrolladores de infraestructura siguen enfrentando delays de hasta tres años para operar una estación.
A menudo, esto se debe a que las distribuidoras tardan más de dos meses en responder una solicitud de potencia. Y si se requiere alguna modificación, el proceso vuelve a iniciar desde cero.
“La respuesta de una distribuidora puede demorar 59 días. Y si no te sirve, tenéis que volver a empezar. En muchos casos, los problemas aparecen justo en el día 79 de los 80 que tienen para darte respuesta”, comenta Hueso.
Además, el sistema actual permite que los plazos se prorroguen indefinidamente, lo cual genera incertidumbre financiera y operativa.
Algunas empresas, como Tesla o Fastned, han sorteado estas trabas con estrategias escalonadas.
Primero solicitan la potencia, y solo una vez concedida, instalan los equipos. Así, los cargadores “visibles” solo están en obra durante unos meses, aunque el proceso completo haya durado años.
Baterías: una vía de escape frente al cuello de botella
Para muchos operadores, el uso de baterías de almacenamiento permite comenzar a operar sin depender exclusivamente de la red. De esta manera, se puede ofrecer servicio incluso antes de completar la conexión definitiva con la distribuidora.
Este esquema reduce costes, evita parálisis y permite aprovechar energía solar en ubicaciones con paneles fotovoltaicos. Además, es útil en nodos logísticos, flotas corporativas o zonas rurales.
“Una batería puede suplir el pico de potencia en un hub que tenga una demanda puntual de tres megas, aunque solo tenga dos contratados. Así se estabiliza la red y se reducen costos”, explica Hueso.
Algunos desarrolladores, como Zunder, ya están aplicando esta lógica.
Según el consultor, la combinación de baterías y cargadores móviles permite resolver problemas en eventos como la Semana Santa o zonas congestionadas. “Puedes tener una batería en un contenedor de camión y moverla según la demanda”, añade.
El papel de los ayuntamientos: otra traba en el proceso
Además de las distribuidoras, la burocracia municipal representa una barrera significativa. La falta de un criterio unificado provoca demoras incluso entre ayuntamientos vecinos que comparten funcionarios.
“Hay localidades donde el mismo secretario trabaja para cinco municipios, pero en cada uno se gestiona de manera distinta. Es un laberinto administrativo”, advierte Hueso.
En algunos casos, las estaciones de carga han permanecido instaladas durante años esperando la aprobación del permiso final. “Esto desincentiva las inversiones, porque nadie quiere esperar tres años con el equipo parado y depreciándose”, indica.
Como solución, propone una ventanilla única nacional que centralice trámites municipales, autonómicos y de conexión. Un sistema digitalizado que permita subir toda la documentación y activar automáticamente las instancias correspondientes.
Un nuevo marco legal: ¿alivio en camino?
En ese contexto, el Gobierno aprobó recientemente el Real Decreto‑ley 7/2025, que introduce medidas urgentes para agilizar la infraestructura eléctrica.
Entre los cambios más relevantes se destacan:
- Plazos acotados para distribuidoras eléctricas y obligación de ejecución en tiempos concretos.
- Reducción de la mitad en los plazos ambientales y sustantivos para proyectos de repotenciación.
- Caducidad automática de permisos de acceso no utilizados en cinco años.
- Exención de trámites para instalaciones de almacenamiento menores a 500 kW.
Estas medidas podrían dinamizar el uso de baterías y facilitar proyectos escalonados, aunque desde el sector se espera que también se garantice su implementación efectiva.
“Si el decreto se aplica como está escrito, podemos hablar de un punto de inflexión. Pero si vuelve a quedar en papel mojado, seguiremos necesitando ‘planes B’ como el uso de baterías”, concluye Jorge Hueso.
