El Ayuntamiento de Bujalance, en la provincia de Córdoba, aprobó de manera definitiva la ordenanza que regula el servicio de recarga de vehículos eléctricos en las estaciones municipales.
La normativa, publicada el lunes 18 de agosto en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), entrará en vigor inmediatamente tras su difusión y se mantendrá vigente hasta que sea modificada o derogada expresamente.
Se trata de un paso clave dentro de la estrategia del consistorio para impulsar la movilidad sostenible, reducir emisiones contaminantes y facilitar a los vecinos un acceso ordenado a la infraestructura de recarga.
La iniciativa se enmarca en la tendencia creciente de los municipios medianos y pequeños de Andalucía, que comienzan a establecer marcos legales propios para regular el uso de estas instalaciones públicas.
Precio de la recarga y alcance de la medida
La ordenanza fija un precio público de 0,36 euros por kilovatio hora (kWh) en puntos de recarga de hasta 22 kW de potencia.
Quedan exentos del pago los vehículos de titularidad municipal, como patrullas de policía local o flotas de servicios urbanos, con el objetivo de reducir el gasto público asociado a su operación.
El servicio podrá gestionarse directamente por el propio Ayuntamiento o bien delegarse mediante concesión a operadores privados, siempre bajo control y supervisión del consistorio.
Asimismo, el precio se revisará anualmente de acuerdo con la evolución de los costes de la electricidad, lo que permitirá ajustar la tarifa a las condiciones reales del mercado energético.
La normativa no se limita únicamente a los turismos eléctricos o híbridos enchufables.
También incluye a vehículos de autonomía extendida y a medios de movilidad personal como patinetes o segways, ampliando así el alcance de la medida a distintos formatos de movilidad urbana.
Normas de uso y tiempos máximos
El reglamento establece un máximo de ocho horas de recarga por vehículo, con la obligación de retirarlo una vez finalizado el proceso.
De este modo, se busca evitar la saturación de las estaciones y garantizar que todos los usuarios puedan acceder al servicio.
Asimismo, se prohíbe la utilización de las plazas como estacionamiento convencional cuando no se esté realizando una recarga efectiva. Esta disposición responde a una problemática frecuente en otros municipios, donde la ocupación indebida de puntos de recarga reduce la eficiencia de la infraestructura.
Régimen sancionador
La ordenanza incluye un régimen sancionador que contempla multas de entre 50 y 600 euros, dependiendo de la gravedad de la infracción.
• Las faltas leves, como superar el tiempo máximo de recarga, podrán sancionarse con importes de entre 50 y 150 euros.
• Las faltas graves, como la ocupación indebida de las plazas, tendrán sanciones más elevadas.
• En el caso de las faltas muy graves, como la manipulación de los equipos, las multas podrán alcanzar los 600 euros y conllevar la suspensión temporal del servicio para el usuario.
Además, el Ayuntamiento se reserva el derecho de reclamar la reparación de daños ocasionados en las instalaciones, con el fin de proteger la inversión pública realizada.
La aprobación definitiva de esta ordenanza convierte a Bujalance en un referente dentro de los municipios de tamaño medio que buscan adaptarse al nuevo paradigma de la movilidad eléctrica. La regulación de precios, usos y sanciones sienta las bases para un funcionamiento ordenado de la infraestructura, a la vez que transmite seguridad jurídica a los futuros operadores privados que puedan optar a gestionar el servicio.
En un contexto donde las ciudades avanzan hacia la descarbonización del transporte y la electrificación del parque móvil, este tipo de normativas municipales adquieren un papel relevante. Bujalance no solo asegura que los vecinos cuenten con puntos de recarga públicos, sino que también marca un precedente en materia de gobernanza local aplicada a la transición energética.
