La aprobación en España del Real Decreto-ley 7/2025, publicada en el Boletín Oficial del Estado el pasado 25 de junio, representa un giro decisivo para el despliegue de infraestructura de recarga eléctrica.
La norma establece por primera vez plazos legales obligatorios para que las distribuidoras eléctricas conecten los puntos de recarga a la red, acortando los tiempos actuales en hasta un 90 %, según estimaciones oficiales.
En un país donde miles de cargadores ya instalados permanecen fuera de servicio por trámites técnicos y burocráticos, la medida apunta a destrabar el sistema y acelerar el crecimiento de la red pública.
Para ser exactos, según datos del Barómetro de la Electromovilidad ANFAC del segundo trimestre de 2025, en España existen actualmente 13.792 puntos de recarga de acceso público fuera de servicio, ya sea por fallos técnicos, averías o por no estar aún conectados a la red eléctrica.
Esto representa el 22 % del total de puntos instalados, una proporción que no ha variado respecto al trimestre anterior, lo que subraya un problema estructural persistente.
Si estos puntos estuviesen en funcionamiento, España alcanzaría los 61.684 puntos operativos, acercándose al objetivo fijado por ANFAC de 64.000 puntos para 2024.
¿Qué cambia con el Real Decreto-ley 7/2025?
Hasta ahora, los plazos de conexión dependían de múltiples factores técnicos y administrativos, sin una regulación uniforme.
El decreto impone los siguientes tiempos máximos para las distribuidoras, en función de la complejidad del suministro:
- En los caso de baja tensión los plazos serán los siguientes:
| Tipo de conexión | Plazo anterior estimado | Nuevo plazo (RDL 7/2025) | Mejora estimada |
| Sin ampliaciones | 1–3 meses | 5 días | Hasta -90 % |
| Con ampliación de línea | 3–6 meses | 30 días | Hasta -83 % |
| Con centro de transformación | 6–12 meses | 60 días | Hasta -83 % |
| Con varias infraestructuras nuevas | Hasta 18 meses | 80 días | Hasta -85 % |
- En los caso de alta tensión los plazos serán los siguientes:
| Tipo de conexión | Plazo anterior estimado | Nuevo plazo (RDL 7/2025) | Mejora estimada |
| Conexión en alta tensión ≤ 66 kV a un único cliente | 12–24 meses | 80 días | Hasta -89 % |
| Otros casos de alta tensión (según trabajos necesarios, sin plazo fijo) | Variable | Variable según proyecto | No aplica |
Estos plazos son de obligatorio cumplimiento, salvo en casos excepcionales que deberán ser justificados técnicamente.
Además, se regula el procedimiento cuando las obras son ejecutadas por terceros, acortando los tiempos de revisión y cesión de las instalaciones a la distribuidora.
Estaciones ultrarrápidas en España con menos trámites
Otro punto clave de la nueva normativa es la eliminación de autorizaciones administrativas para estaciones de recarga de más de 3.000 kW, siempre que no se requiera evaluación de impacto ambiental o declaración de utilidad pública.
Esto agiliza la puesta en marcha de infraestructura ultrarrápida en nodos logísticos, autopistas y corredores de larga distancia.
Llegan novedades para el sector eMobility…
En paralelo a la aplicación del decreto, la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) ya está coordinando nuevas reuniones con actores del sector —como AEDIVE, CPOs y DSOs— para avanzar en la creación de plataformas digitales de gestión de expedientes de acceso y conexión.
Estas plataformas están previstas en las circulares 1/2024 y 2/2024 y deberán permitir:
• Gestionar de forma integral las solicitudes de conexión para cargadores y autoconsumo.
• Brindar transparencia y trazabilidad en cada fase del proceso.
• Unificar criterios entre distribuidoras y solicitantes.
Además, servirán de base para el futuro mapa de acceso a red eléctrica en España, herramienta clave para planificar refuerzos de red y evitar cuellos de botella en zonas de alta demanda.
Impacto esperado de las medidas en España
Con la combinación de plazos máximos legales, simplificación administrativa y nuevas herramientas digitales, España espera reducir sustancialmente el número de puntos instalados pero inactivos.
Según estimaciones del sector, más de 13.000 cargadores podrían activarse en los próximos meses bajo este nuevo marco normativo.
La medida también acerca al país a los estándares europeos de eficiencia en el despliegue de infraestructura, donde los procesos de conexión están sujetos a tiempos regulados y digitalización avanzada.
