La Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT), en colaboración con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la Oficina Nacional de Asesoramiento Científico (ONAC), ha lanzado la convocatoria I+P 2025.
Esta iniciativa tiene como objetivo impulsar la innovación pública y fomentar la colaboración entre el ámbito científico y las administraciones públicas.
Con un presupuesto total de 3 millones de euros, la convocatoria contempla una intensidad de ayuda de hasta el 90% del coste del proyecto. Las propuestas seleccionadas deberán contribuir al diseño, evaluación e implementación de políticas públicas basadas en evidencia científica.
La convocatoria está dirigida a entidades con personalidad jurídica propia y sede en España.
El plazo de presentación de solicitudes se inició el 1 de julio y permanecerá abierto hasta el 17 de septiembre de 2025.
Se contemplan dos líneas de actuación diferenciadas.
La categoría A financiará proyectos orientados a generar nuevo conocimiento científico que aborde retos públicos específicos.
Por su parte, la categoría B apoyará propuestas destinadas a fomentar una cultura de innovación dentro de las administraciones públicas.
En este caso, se valorarán acciones como talleres, actividades formativas o encuentros organizados en colaboración con entidades públicas.
Desde Ayming, firma especializada en financiación de la innovación, se destaca que esta convocatoria representa una oportunidad estratégica para que los miembros de la Asociación Empresarial para el Desarrollo e Impulso de la Movilidad Eléctrica (AEDIVE) refuercen su rol como actores clave en los procesos de formulación de políticas públicas en el ámbito de la movilidad eléctrica y sostenible.
Las áreas de intervención que podrían abordarse incluyen el desarrollo de infraestructura de recarga, la aplicación de mecanismos de fiscalidad verde o la regulación ambiental vinculada al transporte.
Según indica Ayming, estos temas ofrecen margen para aplicar conocimiento técnico especializado con potencial impacto en la toma de decisiones de las administraciones.
Asimismo, la participación en esta iniciativa permite a las entidades del sector establecer un canal directo de diálogo con responsables públicos, especialmente a través de la categoría B, orientada al fortalecimiento de redes de colaboración entre expertos e instituciones gubernamentales.
En esta línea, se subraya que el enfoque de la convocatoria no solo promueve el intercambio de conocimientos y experiencias, sino que también posiciona a los participantes como interlocutores técnicos reconocidos por su capacidad de contribuir a la mejora de las políticas públicas.
Además del incentivo estratégico, la convocatoria incluye una dotación económica relevante, con ayudas que podrían alcanzar los 100.000 euros por proyecto en la categoría A.
Esta financiación ofrece una vía concreta para poner en marcha estudios piloto, generar herramientas de análisis o desarrollar iniciativas formativas que contribuyan a acelerar la transición hacia un modelo de movilidad más sostenible y basado en la evidencia.
Ayming remarca la importancia de planificar con antelación el proceso de presentación, especialmente teniendo en cuenta que el periodo estival puede ralentizar la actividad operativa de muchas entidades. Para maximizar las probabilidades de éxito, se recomienda comenzar cuanto antes a identificar posibles proyectos, seleccionar socios estratégicos y estructurar un cronograma de trabajo realista que contemple desde la definición técnica de la propuesta hasta la recopilación de la documentación requerida.
La consultora, que gestiona anualmente proyectos de ayuda pública por más de 80 millones de euros, pone el foco en la necesidad de elaborar con tiempo los materiales necesarios, incluyendo las cartas de compromiso y la memoria técnica, para evitar retrasos en la fase final de la convocatoria.
