La complejidad del proceso parlamentario y las negociaciones en curso ponen en duda la posibilidad de que la Ley de Movilidad Sostenible se apruebe en los próximos meses.
Alberto Ibañez, Diputado del Congreso de los Diputados de España por SUMAR, señala a Mobility Portal España: “Se está trabajando en ponencia para que antes de junio el proyecto vaya al pleno para su aprobación”.
No obstante, al ser consultado sobre la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) en ese mismo período, reconoció que esto dependerá del debate legislativo: “Intentaremos cerrar la ponencia lo antes posible para que salga cuanto antes”.
Si bien no existe un calendario claro de cómo sigue el proceso legislativo, recientemente, el Secretario de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible, José Antonio Santano, aseguró que confía en aprobar la Ley durante la primera mitad de 2025.
Durante la inauguración de la jornada sobre “Turismo & Movilidad: Conectividad, Intermodalidad y Transporte”, promovida por el Consejo de Turismo de la CEOE, sostuvo:
“Será nuestra hoja de ruta y nuestro marco para hacer las cosas mejor de cara al futuro y tener el transporte y las infraestructuras”.
En este marco, Mobility Portal España contactó al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para obtener precisiones sobre los avances y tiempos estimados de la tramitación.
Sin embargo, hasta el momento de la publicación de este artículo, no se obtuvo respuesta.
¿Cuáles fueron los últimos movimientos de la Ley?
Tras la presentación de las enmiendas a finales del año pasado, en febrero, el Congreso de los Diputados dio inicio a la tramitación parlamentaria de la Ley.
Durante ese mes se celebraron diversos actos con la presencia de diputados responsables, se establecieron contactos entre parlamentarios y se constituyó formalmente la ponencia para el debate de enmiendas.
Según explica Carlos Bravo, consultor ambiental, a Mobility Portal España, el Gobierno ha optado por un enfoque de negociación bilateral con los grupos en lugar de una discusión abierta en la ponencia.
Esto quiere decir que en lugar de discutir y votar enmiendas de manera individual, el Grupo Socialista, en representación de la Administración, negociará bilateralmente con distintos grupos parlamentarios para alcanzar acuerdos previos.
De esta forma, la ponencia avanza en función de consensos, llevando al pleno textos que ya cuentan con un respaldo mayoritario.
En este marco, Bravo advierte que, aunque el proceso está en marcha, el ritmo es más lento de lo que podría esperarse.
“Hace tres semanas me dijeron que estas semanas de marzo serían clave, pero ya estamos en la última y no parece que la ponencia se reúna para discutir y votar”, indica.
Y añade: “Es probable que esto se alargue aún más”.
El historial de esta Ley explica en parte el escepticismo respecto a su rápida aprobación.
Desde que fue anunciada en 2020, la norma ha atravesado múltiples obstáculos.
Tras someterse a información pública en 2022 y obtener el visto bueno del Consejo de Ministros, la tramitación se interrumpió por el adelanto electoral de 2023.
En la actual legislatura, el Gobierno la retomó con urgencia debido a que su aprobación antes de diciembre de 2024 era un requisito para acceder a 10.000 millones de euros de fondos europeos.
Este serviría, en parte, para digitalizar el sector, mejorar la eficiencia del gasto público y garantizar la descarbonización del transporte.
El proceso de aprobación aún tiene varios pasos por delante.
Esto se debe a que una vez que el texto salga del Congreso, deberá pasar por el Senado, donde nuevamente se someterá a enmiendas y votaciones, y puede sufrir modificaciones y retrasos.
Posteriormente, volverá al Congreso de los Diputados para su aprobación final antes de su publicación en el BOE.
En este sentido, Bravo advierte: “Si el Ministerio habla de mitad de año, no queda claro si se refieren a su salida del Congreso o a su publicación definitiva, porque luego pasará por el Senado y eso puede alargar el proceso meses”.
Cabe mencionar que el trámite legislativo no cuenta con un calendario definido de reuniones.
Actualmente, el consultor coordina un grupo de 15 entidades sociales, ecologistas, juveniles y sindicales que están trabajando colaborativamente para “mejorar el texto del proyecto de ley y dotarle de mayor ambición climática y de objetivos concretos”.
Entre las organizaciones que representa se encuentran la Alianza por el Clima, Asociación de Marcas y Bicicletas de España (AMBE), Comisiones Obreras (CC.OO.), ConBici, Consejo de la Juventud de España (CJE), Ecologistas en Acción (EeA), Eco-Union, y la Federación de Consumidores y Usuarios CECU.
Así como también la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES), Fundación Renovables, Greenpeace, Plataforma por un Nuevo Modelo Energético (Px1NME), Promoció del Transport Public (PTP), Transport & Environment (T&E) y Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).
