La Ley de Movilidad Sostenible es aprobada tras más de tres años de trámites

El anteproyecto inicial de de la Ley de Movilidad Sostenible fue aprobado por el Gobierno en marzo de 2022 y llegó al Congreso, donde los grupos llegaron a registrar sus enmiendas al articulado del texto. Sin embargo, el trámite se detuvo al disolverse las Cortes por la convocatoria de elecciones de julio de 2023.

En los primeros borradores de la ley se incluían propuestas tan polémicas como la imposición de peajes en las autovías, en respuesta a un compromiso de España con Europa para recibir financiación, aunque el Gobierno consiguió pactar con Bruselas eliminar esta propuesta de peajes a cambio de objetivos medioambientales más ambiciosos.

Posteriormente, en febrero de 2024, con un nuevo Gobierno y Cortes ya conformadas, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, recuperó el texto legislativo para activar de nuevo su tramitación. La aritmética parlamentaria retrasó los planes del Gobierno y no fue hasta un año después cuando la Cámara Baja empezó a examinar las enmiendas registradas al texto.

Sin embargo, cuando ya se habían convocado varias reuniones de la ponencia la ley volvió a encallar tras conocerse informaciones que apuntaban a presuntos casos de corrupción en el marco del caso ‘Koldo’.

El Gobierno consiguió superar el trámite y ponencia tras arduas negociaciones que dieron como resultado la introducción al texto original de más de cien enmiendas de los diferentes grupos parlamentarios en su paso por ponencia y comisión.

Ya superado su examen en la Comisión de Transportes, la ley llegó al Pleno, donde Podemos amenazaba con tumbarla si el Gobierno no cumplía con ciertos requisitos que fueron cambiando con el paso del tiempo. Los ‘morados’ primero pidieron la gratuidad del transporte y después exigieron paralizar las obras de ampliación del Puerto de Valencia y del aeropuerto de El Prat. Finalmente, los de Ione Belarra exigieron al Ejecutivo paralizar las obras de El Prat para ‘salvar’ el texto.

ACUERDO ‘IN EXTREMIS’

Minutos antes de que se produjese la votación en el Pleno de la Cámara Baja, el Ministerio de Transportes anunció un acuerdo con Podemos sobre las obras del aeropuerto, de manera que estas no empezarán al menos hasta 2031 y se presentará un informe vinculante por el que cualquier proyecto para El Prat tendrá que cumplir con los objetivos de reducción de emisiones de la Directiva europea Fit for 55.

Así las cosas, el proyecto de ley impulsado por el ministerio de Óscar Puente llegó al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Los de Alberto Núñez Feijóo aprovecharon esta situación para introducir más de ochenta enmiendas al texto en contra del criterio del Gobierno, como forzar a Renfe para que vuelva a devolver dinero a partir de 15 minutos de retraso (frente a los 60 actuales) y otras no directamente relacionadas como aplazar el cierre de las nucleares –que no ha sido aprobado–.

Algunas de las medidas más relevantes que incluye el texto y que finalmente quedan recogidas en la ley que se publicarán en el BOE es el compromiso del Gobierno para revisar las etiquetas medioambientales de la Dirección General de Tráfico (DGT), un nuevo mapa concesional de rutas de autobús, la obligación a las gasolineras de poner estaciones de cara de vehículos eléctricos, o que las empresas creen planes de movilidad sostenible al trabajo.

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