El mapa de España en materia de cargadores se intensifica: solo en verano se incorporaron cerca de 1.300 nuevos puntos y agosto confirmó la aceleración del despliegue.
La foto, sin embargo, convive con dos frenos estructurales que tensan cualquier calendario: la burocracia municipal y la relación con las distribuidoras.
En ese terreno, Jorge Hueso, especialista y consultor en movilidad eléctrica, aporta a Mobility Portal España, una clave pragmática de percepción y obra:
“Tesla y otros suelen pedir primero la potencia y esperar a que esté lista antes de instalar equipos. Visualmente parece que montaron una estación en seis meses, aunque el proceso real haya llevado dos años”.
Allí el usuario ve rapidez y mientras tanto cada actor actor tiene sus técnicas:
“Zunder usa baterías como solución intermedia: activa antes los puntos y cubre picos de demanda mientras llega la conexión definitiva”.
Dos estrategias distintas, un mismo objetivo: reducir fricción en la puesta en marcha y proteger la experiencia de carga justo cuando las curvas mensuales de alta/baja demanda hacen más visible cualquier cuello de botella.3
Mientras tanto, el especialista reconoce que hoy el verdadero cuello de botella está en los ayuntamientos.
España encadena capas administrativas —Estado, comunidades autónomas, diputaciones, municipios— y muchos consistorios pequeños operan con uno o dos empleados.
“Cada municipio trabaja distinto, aunque compartan personal”, remarca en este sentido.
En ese contexto, la activación de una estación puede quedar inmovilizada pese a estar terminada:
Una instalación estuvo tres años esperando simplemente a que un ayuntamiento diese el visto bueno”.
¿Cómo se resuelve el dilema burocrático para los cargadores?
La propuesta de Hueso apunta a ordenar el flujo:
“Lo ideal sería una ventanilla única, centralizada, donde se gestionan permisos, declaraciones responsables y tramitaciones en un solo proceso”.
Con una entrada única, el desarrollador evita repetir pasos organismo por organismo, algo que hoy desincentiva inversión y erosiona la planificación: los equipos se instalan, pero la fecha de encendido sigue siendo una incógnita.
El otro frente es el de las distribuidoras.
“Se supone que hay un plazo máximo de 80 días aproximadamente para activar un punto, pero en la práctica no siempre se cumple”, plantea Jorge Hueso.
La primera respuesta puede tardar dos meses y, si no es favorable, el reloj vuelve a cero y añade:
“Curiosamente, los problemas siempre aparecen en los últimos días dependiendo cómo se gestione el procesa, ‘hecha la ley, hecha la trampa’.”
El diagnóstico se remonta al origen del sistema:
“La distribución era estatal y se privatizó por muy poco dinero, quedando en manos de unas pocas compañías (Endesa, Iberdrola, EDP, etc.). Eso afecta tanto a una electrolinera como a una nave logística que necesita potencia”.
¿Quién complica más?
“Los ayuntamientos con la burocracia”, asegura Jorge Hueso.
Pero la realidad es que hay muchos matices:
“Las distribuidoras alargan los plazos de forma sistemática, aunque al menos sabes a qué atenerte y puedes preparar los pasos. Pero esperemos que con el nuevo real decreto las cosas se ordenen”.
Mientras tanto, el mercado empuja. El pico estacional del verano y la recuperación de tráfico elevan el uso de la red y dejan poco margen a la tolerancia del usuario: si un hub no enciende, el daño reputacional es inmediato.
De allí que soluciones de transición —como baterías para picos y pre-activaciones— ganen terreno operativo. La lógica es sencilla: no perder servicio mientras madura la conexión definitiva y convertir un cronograma incierto en experiencia percibida como ágil.
El mensaje final es nítido: “La ventanilla única es la única salida para ordenar el proceso”.
En paralelo, blindar los plazos con distribuidoras y hacerlos exigibles devolvería previsibilidad a la inversión: cuando el sector suma más de un millar de puntos en un trimestre, lo que falta no es voluntad, es gobernanza.
Cada alta que no llega a tiempo no es solo un expediente: es un usuario que no carga, un operador que no factura y una transición que se ralentiza justo cuando España más acelera.
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