Hace unos meses, Isabel del Olmo, Directora del departamento de Movilidad Sostenible y Ciudad del IDAE, declaraba sobre el Moves Corredores:
“Esperamos que las bases previas del programa salgan antes de fin de año. Queremos que todo el sector lo vea antes de que se oficialicen”.
Ahora, desde el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía aseguran a Mobility Portal España:
“Salió a consulta pública previa entre junio y julio del año pasado y se sigue trabajando en su definición”.
Este incentivo, que dispone de 150 millones de euros, busca mejorar la conectividad de las rutas de media y larga distancia, cubriendo zonas de sombra donde la infraestructura de recarga es limitada.
Desde el sector señalan a Mobility Portal España: “Es positivo que el Gobierno ayude en estas cuestiones, siempre y cuando sea un apoyo real y contundente”.
En este sentido, remarcan la importancia de poner el foco en por qué existen áreas sin cubrir.
De acuerdo con datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), alrededor del 50% de los vehículos en estas regiones tienen más de 15 años de antigüedad, mientras que, a nivel nacional, este porcentaje es menor al 40%.
Este contexto no solo subraya la urgencia de una electrificación vehicular en estos lugares, sino también la necesidad de mejorar la infraestructura de recarga para hacerlo viable.
“Son ubicaciones donde nadie quiere invertir por los obstáculos existentes, porque la distribuidora no proporciona potencia e impone todas las trabas posibles”, afirman.
Y agregan: “Además, no hay sitios posibles donde realizar la inversión y se prefiere omitir la zona, lo que también podría deberse a la falta de población, dado que forma parte de la ‘España vaciada’”.
En este marco, reclaman la disponibilidad de datos más accesibles para los CPOs, incluyendo cifras actualizadas sobre el aforo de las carreteras, cuya información más reciente y fácilmente accesible corresponde al año 2022.
Así como también, se solicita la publicación del mapa de puntos de recarga, prometido por el Gobierno en 2021, junto con el mapa de potencia.
“Seguimos sin conocer de una manera accesible y ágil la capacidad energética del lugar, un aspecto que debería estar bajo la gestión y responsabilidad de la administración pública, en lugar de permanecer en manos privadas”, sostienen desde el sector.
¿Qué beneficios traerá al sector el mapa público de potencia?
Este permitiría a los CPOs tener acceso previo a la información necesaria sobre las ubicaciones idóneas para la instalación de cargadores.
Esto no solo optimizaría los proyectos, sino que permitiría una planificación más precisa, reduciendo los plazos, que actualmente se pueden extender hasta los dos años.
Actualmente, cada puesta en marcha requiere un trámite con la compañía distribuidora, que solo puede iniciarse una vez que la infraestructura esté terminada y aprobada por la inspección.
Tras obtener la carta técnico-económica, se debe esperar nuevamente para conectar la estación a la red eléctrica.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) se encuentra trabajando en la elaboración del mapa, aunque su publicación llevará tiempo.
Se estima que este será aprobado en un plazo de un año y estará disponible para consulta en “apróximadamente” dos años.
¿A qué se deben estos plazos de preparación?
Principalmente al proceso necesario para que las empresas energéticas lleven a cabo el mapeo correspondiente.
Recientemente, la CNMC ha avanzado en este sentido con la presentación de la Circular 1/2024.
Prevista para entrar en vigor en abril, esta normativa promete simplificar los procesos de conexión a la red eléctrica.
La Circular introduce herramientas como una plataforma digital para gestionar el acceso a la red y obliga a los operadores eléctricos a actualizar mensualmente la disponibilidad de potencia.
Además, establece criterios específicos para estaciones de “repostaje”, eliminando documentación innecesaria y habilitando procedimientos abreviados.
Para muchos expertos del sector, estas medidas son prometedoras, pero su eficacia dependerá de cómo se aplique.
En este sentido, sostienen que se debería marcar una norma con “penalizaciones fuertes y plazos de respuesta”.
